Actualmente se habla mucho sobre lo que está ocurriendo con Empresas Públicas de Medellín, la compañía más querida por los antioqueños. Las redes sociales y algunos medios de comunicación han sido el canal para que muchos especulen sobre lo que realmente pasa al interior de la compañía. Algo es claro: una situación así no ha ocurrido en 65 años de historia. EPM ha sido una empresa sólida, que le ha aportado al desarrollo de Medellín y de Antioquia gracias a los recursos que ha transferido.
El pasado 11 de agosto, a través de una carta pública dirigida al alcalde de Medellín, ocho de los miembros de la Junta Directiva de EPM presentaron su renuncia luego de argumentar que no se contó con ellos para la toma de varias decisiones importantes, entre ellas la de demandar a los contratistas del proyecto Hidroituango, desatando con esto una crisis sin precedentes. La salida de esta junta dejó en evidencia el rompimiento del gobierno corporativo y las malas decisiones que la administración actual está tomando en EPM.
La nueva junta fue nombrada en su totalidad por el alcalde, lo que deja, de entrada, serios cuestionamientos sobre su independencia a la hora de tomar decisiones de peso. Las juntas directivas están para que, de forma estratégica, se discutan y se tomen las mejores decisiones que beneficien a las compañías y no sea solo la visión de una persona para decidir lo mejor.
Una decisión de este peso no puede ser tomada a la ligera, debe ser soportada en el estudio minucioso de la matriz de riesgo, la cual dará luces sobre cuál es la mejor decisión que se debe tomar. Aquí el problema comienza a darse con la nueva junta cuando a los varios días de posesionarse apoyan en pleno la decisión de demandar a los contratistas de Hidroituango sin argumentos contundentes, sin conocer siquiera la matriz de riesgo.
¿Se debería demandar a los contratistas? Estas son algunas consecuencias de la demanda a los contratistas, según lo señalado por Sinpro:
• Expertos indican que en la conciliación interpuesta ante la Procuraduría, la probabilidad de éxito es casi nula.
• Un eventual litigio de este tipo dura 10 años en promedio.
• Ante la poca evidencia probatoria, la hipótesis adoptada por EPM ante los entes de control, autoridades judiciales, aseguradoras y sector financiero, señalan que la contingencia obedeció a un hecho imprevisible, de fuerza mayor o caso fortuito, por lo que las nuevas acciones suponen dudas de EPM frente a su propia hipótesis, haciendo que la aseguradora Mapfre, que había anunciado la cobertura y adelantó el pago de 150 millones de dólares, seguramente espere el fallo final para analizar si existe razón o no para el pago de la cobertura.
• EPM ha sido demandada por las comunidades aguas abajo del proyecto por 10 billones de pesos en virtud de las afectaciones ocasionadas.
• Si el proyecto se retrasa un año más, EPM debería conseguir otro contratista que termine la obra, situación que únicamente por menos ingresos serían de unos 2,6 billones de pesos (13 mil GWh/año por $200 mil millones el GWh = 2,6 billones de pesos), sin contar todo lo que se deriva de mayores costos financieros, multas por retrasos ante la CREG, entre otros.
Una junta directiva que verdaderamente propugne por el bien común, debe priorizar la toma de decisiones encaminadas a la pronta y satisfactoria terminación de Hidroituango, manteniéndose distante de los intereses particulares de alcaldes de turno y de algunas figuras políticas de Bogotá (sabemos quiénes) a las que poco les importa el porvenir de Hidroituango, la solidez de EPM y el bienestar de nuestra ciudad. Estamos ante una situación jamás vista en 65 años: los abusos de esta administración con el gobierno corporativo de EPM, ponen en riesgo a la empresa y a la ciudad.
Por nuestra parte, no vacilaremos en defender los intereses de Medellín y de EPM.